DENUNCIA PÚBLICA MUNICIPIO DE DABEIBA

Tomado de: dabeiba-antioquia.gov.co

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Dabeiba, 14 de abril de 2014.
Denuncia Pública
La Comisión de Derechos Humanos de Dabeiba denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y ante las autoridades y organizaciones responsables para la protección de los Derechos Humanos que:
– Luego de elaborado el balance sobre la situación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para los últimos diez años en nuestro Municipio, es posible concluir que nos encontramos ante uno de los territorios que mayor afectación ha tenido en todas las formas que atentan contra las garantías básicas consagradas en las cartas internacionales.
– Que si bien en los últimos años es posible constatar una importante disminución en algunas de las modalidades violatorias que han tenido mayor peso en las abultadas cifras (ejecuciones extrajuicio, torturas, desapariciones y desplazamiento forzado), de nuevo se registran violaciones que sólo pueden conducirnos de nuevo a una situación de crisis humanitaria extrema.
– Es preocupante también la alta impunidad que hay en torno a las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El sistema judicial y los organismos responsables de la protección a los derechos fundamentales (Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y Procuraduría) aún no han presentado un balance sobre la violencia que se inició en 1997. Balance que debe dar cuenta de las condiciones de modo, circunstancias e intereses que motivaron las violaciones, y que debe estar sustentado sobre los derechos inalienables de las víctimas a saber la verdad, a obtener justicia (pronta y eficiente ), a ser reparados, pero sobre todo, a que no se repitan las violaciones.
– A la luz del estudio de casos, las organizaciones para los defensa de los derechos humanos, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es preocupante la reticencia de los organismos estatales de protección (Personería Municipal y Defensoría del Pueblo) para hacerse cargo de las denuncias formuladas por la población civil respecto de los continuados acosos a que son sometidos por la fuerza pública.
– En particular, la población civil de los sectores rurales de la Balsita, Camparusia, El Águila, La Mesa y el Corregimiento de Urama denuncia que unidades del Ejército Nacional -la Brigada Móvil n° 11- ejerce presiones ilegales en su contra, haciéndoles propuestas a los pobladores de este sector para que se “desmovilicen”. Se trata pues de una práctica generalizada y sistemática que viola los siguientes derechos y garantías: el principio de distinción entre combatientes y la población civil; el derecho a un debido proceso y justa defensa, pues se trata de interrogatorios que no se realiza ante las autoridades judiciales competes y en los cuales el poblador no está asistido por defensor alguno, en donde se viola también el derecho a la presunción de inocencia.
– Varios habitantes de estos sectores han sufrido detenciones ilegales durante sus desplazamientos al casco urbano para aprovisionarse de alimentos y demás elementos básicos para la supervivencia. Bajo el mismo ofrecimiento para que se desmovilicen, son llevados a sitios apartados y a la estación de policía por hombres vestidos de civil que en todo momento que se niegan a identificarse. Muchas de esta detenciones ilegales han corrido bajo la responsabilidad de un agente de la inteligencia
militar llamado Carlos Almario. Estas graves violaciones han sido denunciadas de manera formal ante la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal sin que hasta el momento exista acción alguna para garantizar los derechos y garantías de la población civil.
– Estas persecuciones y detenciones ilegales han desembocado en una grave violación de confinamiento y de restricción de la libre movilidad de la población civil. Y de igual manera representan una exposición directa de la población a la represión por parte de las fuerzas paramilitares que operan en el casco urbano de Dabeiba y en sus cercanías, como son las vías de acceso.
– En particular, es preocupante el caso en que el señor John Castrillón, alias Guacharaca, poblador de la vereda Llano Grande, fue incorporado en los programas de desmovilización poco tiempo después de que este poblador asesinara al señor Juan Pablo Varelas Benítez. Sustrayendo de la responsabilidad judicial al señor Castrillón, el Ejército recorre en su compañía los territorios de aquélla vereda y de sectores aledaños realizando operaciones de persecución y señalamiento a la población civil, en las que son acusados de ser miembros de las organizaciones guerrilleras. Y al igual que en las denuncias precedentes se trata de agresiones que violan la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de distinción.
En el marco de estas operaciones militares con personas civiles presentadas como desmovilizados, en el año 2013 fueron detenidas siete personas, quienes permanecieron privadas de su libertad durante ocho meses, al cabo de los cuales fueron dejados libertad, y meses posteriores los procesos concluyeron con la absolución de los procesados. Este juicio estuvo rodeado de situaciones
irregulares, como las que concluyeron con la degradación y remoción del fiscal Amín Mosquera – de la fiscalía especializada 29- por violaciones al debido proceso y otras garantías de los procesados.
La sistematicidad con que se presentan estos procesos fallidos, seguidos de irregularidades procesales probadas, arrojan indicios suficientes para que los organismos de protección de los Derechos Humanos emprendan investigaciones a fin de comprobar si bajo de estas detenciones se está configurando una modalidad de persecución política, situación que sería violatoria de los
derechos civiles y políticos de la población.
– Entre las once de la noche del día 18 y la mañana del día 19 de marzo de 2014, en la vereda El Jardín, el Ejército realizó operaciones militares de bombardeo y ametrallamiento en los que ellos reportaron haber dado de baja a cuatro combatientes de la guerrilla. Estos bombardeos se realizaron a menos de tres cientos metros de cuatro viviendas de pobladores civiles, entre ellos se encontraban cuatro personas de avanzada edad, una mujer embarazada y tres niños. Se vieron también afectados
cultivos de subsistencia y tres animales que han tenido que ser asistidos con servicios médicos veterinarios, cuyos costos han tenido que ser asumidos por los propietarios. La inspección al lugar refleja que tanto el bombardeo como los ametrallamientos violaron los principios de distinción y proporcionalidad. Los ametrallamientos y las ondas expansivas afectaron sicológicamente a los pobladores. Con estas operaciones militares fueron desplazados tres menores de edad, una mujer
embarazada y su esposo. Exigencias a los organismos de protección
– Que inicien los programas necesarios para garantizar los derechos del acceso a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
– Que ante las denuncias más recientes activen los mecanismos y protocolos de alerta temprana, todo con el fin de evitar que las violaciones reiteradas y la impunidad permitan la configuración de un nuevo escenario de crisis humanitaria.
– Que a partir de la presente denuncia –y de algunas anteriores que por los mismos motivos se han presentado- estos organismos de protección deben tomar conciencia del peso de su responsabilidad, que en el futuro no podrá argumentar desconocimiento de las violaciones, pues tal circunstancia constituiría una conducta de responsabilidad penal por prevaricación.
Exigencias a la fuerza pública
– Que cesen las violaciones contra la población civil en las siguientes modalidades: tratos crueles y degradantes, violación al debido proceso, detenciones arbitrarias e ilegales, impedimento a la libre movilización por medio de intimidaciones y amenazas y las situaciones de confinamiento población.
– Que los órganos de control interno inicien las investigaciones a fin de sancionar a los responsables, y también para que se inserten en la órbita de su mandato, que es la protección de los derechos y garantías básicas de todos los pobladores del territorio nacional. Todo lo contrario será entendido como un mecanismo de impunidad.
Llamamiento
Llamamos a las Organizaciones nacionales e internacionales comprometidas en la defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a estar vigilantes y brindar el acompañamiento permanente y necesario a fin de conjurar una potencial y anunciada situación de crisis humanitaria en esta zona.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE DABEIBA

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