Denuncia Pública San josé de Apartadó

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San José de Apartadó, 30 de abril de 2014.

Denuncia Pública

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó denuncia ante los organismos responsables de la protección y vigilancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y ante los organismos internacionales para la veeduría y corresponsabilidad de dichos instrumentos del derecho internacional que:

El día 28 de marzo de 2014 a las 10:00 horas de la mañana los integrantes del Comité de Derechos Humanos denunciaron ante los miembros de la Policía Nacional, ante la Defensoría del Pueblo Comunitaria para el corregimiento de San José de Apartadó y ante la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia que justo a diez metros del colegio de dicho Corregimiento se encontraba un paquete (un bulto) con contenido desconocido. Y específicamente le solicitaron a la Policía que hiciera presencia para verificar el contenido del paquete.

Los miembros de la Policía Nacional respondieron que tal situación no era de su competencia, y por tal motivo el Comité y la Defensoría del Pueblo se pusieron en contacto con el Ejército Nacional para que estableciera los protocolos para la verificación de la situación. Pero ambos llamados fueron desatendidos, y el mientras tanto Coronel Quintero, responsable de la Brigada XVII, negaba en la emisora Antena Estéreo del municipio de Apartadó que el Ejército hubiese recibido comunicación alguna de parte de la Defensoría respecto de la situación.

La preocupación del Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó surge por las siguientes razones:

– Es innegable la situación de vulnerabilidad y zozobra extrema a la que está sometida la población civil del corregimiento de San José de Apartadó. Creemos que es inaceptable el retraso del Ejército y Policía para implementar los protocolos que garanticen la integridad de la población, máxime cuando el sitio en que está ubicado el paquete que denunciamos se encuentra a cincuenta metros de la base militar del Corregimiento y es un paso obligado para las rondas de patrullaje diario de los militares. No existe otro acceso desde el puesto militar hacia el caserío, pero no dejamos de señalar que desde la mañana del lunes 28 hasta la madrugada del miércoles 30 de marzo, no sólo se suspendieron los patrullajes sino que la denuncia no había sido atendida.

Avanzada la noche del día 29 algunos habitantes de la comunidad notaron la presencia de un sujeto que vestía prendas negras y que se paseaba de un lado a otro del puente que une el caserío con la base militar –el objeto se encontraba en este paso nivel-, individuo que permaneció en el lugar hasta las dos de la madrugada del día 30, momento en el cual hizo presencia un nutrido grupo de militares, y sólo a partir de las seis de la mañana de este día éstos empezaron a desplegar los operativos del grupo antiexplosivos, quienes desactivaron mediante explosión controlada lo que en efecto resultó ser un explosivo.

– Al Comité le inquietan también los acontecimientos del día 26 de marzo. A las 10:00 de la mañana, en momentos en que se realizaba en el Corregimiento el taller preparatorio para el evento de la Constituyente Campesina por la Paz con Justicia Social el Ejército inició una maniobra para desactivar lo que llamaron un artefacto explosivo, que según ellos había sido arrojado en un recipiente de basuras ubicado en la calle principal, junto a la puerta del centro de salud, para lo cual llevaron patrullas con perros y desplegaron un cable para detonaciones controladas. Tal parece que luego de verificar la presencia del artefacto, el Ejército procedería entonces a explosionarlo en el mismo lugar. Pero los participantes en los talleres y algunos pobladores del caserío denunciaron que momentos antes habían visto a miembros del Ejército depositar un paquete justo en el mismo recipiente de basuras. Y al cuestionar a los militares, éstos exigieron la identificación de los pobladores, y en el cruce de palabras y alegatos el Ejército decidió retirarse del lugar, recogió el cable y retiró las unidades con perros antiexplosivos, y fue abortada la operación para explosionar el supuesto artefacto.

Entonces surgen las siguientes preguntas: 1) ¿por qué el protocolo de actuación militar ante la amenaza de un artefacto explosivo en medio del caserío no contempló el aviso a la comunidad, al menos a los habitantes de las casas de enfrente y de los costados del centro médico?; 2) ¿por qué no se evacuó a estos habitantes y a los estudiantes del colegio que se encuentra a pocos metros de allí?; y 3) ¿por qué los militares decidieron abortar esta operación sin verificar si efectivamente se trataba de un artefacto explosivo, y se retiraron hacia el puesto militar sin más?

– Tal como hemos denunciado en nuestros informes y comunicados anteriores, nos preocupa la sistemática violación al principio de distinción y el hecho de que las partes del conflicto persistan en el uso de minas y artefactos explosivos como armas de guerra. Y más aún, cuando es evidente que se está configurando una situación de terror e intimidación de la población civil. En resumen, no estamos ante una acción de guerra legítima, ni ante medios legítimos, y menos aún ante objetivos militares legítimos. Cuestiones estas que han de ser acatadas por la insurgencia y por las fuerzas estatales.

– Es inquietante la continuada aparición de artefactos explosivos al interior y en sectores agrícolas aledaños del caserío de San José, pues durante estas operaciones de detonación no se están implementando las medidas necesarias para proteger a la población civil de los efectos de las ondas expansivas (como el artefacto que en meses pasados fue detonado por el Ejército en el patio del coliseo deportivo, a tan sólo diez metros del centro de salud y contiguo al colegio).

Nos preocupa así mismo que estas operaciones no estén asistidas por personal judicial de investigación criminal, pues no sólo se niega la oportunidad de individualizar las responsabilidades, sino que establece in facto un régimen de supresión de garantías constitucionales para la población civil, puesto que el Ejército pasa a ejercer todas las acciones de control y juicios posibles derivados de tales operaciones. Es decir, que el vacío de operadores de justicia, de organismos humanitarios y de protección de los DDHH en una zona de conflicto agudo, sólo pude conducirnos a zonas grises de autonomía extrema, como las que han sido denunciadas en los casos de ejecución de pobladores civiles, pero que el Ejército

presentaba como bajas de combatientes guerrilleros. Operaciones que carecían de control y veeduría, en las que las pruebas eran manipuladas y presentadas al amaño.

– Percibimos también que la actuación del Ejército y la Policía en los casos de aparición de minas y artefactos explosivos es aleatoria, y se centra en una batalla de opinión pública en la que continuadamente se busca vincular a la población civil, a la vez que desprestigiar y exponer a los miembros del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de San José de Apartadó. Así por ejemplo, el coronel Quintero –Brigada XVII- en sus intervenciones radiales antes que manifestar su inconformidad con las denuncias, prefiere centrarse en repetir los nombres y localización de los integrantes del Comité, exponiéndolos a las posibles reacciones de los grupos paramilitares de la región.

Nuestra labor como defensores de derechos humanos no sólo consiste en la denuncia de las violaciones a estos derechos primigenios, sino además en la exigencia a los entes responsables de acatarlos, garantizarlos y protegerlos cuando omiten tal responsabilidad. Labor esta que hemos asumido ante las evidencias que nos ofrecen los datos de la violencia en nuestra región. Además, lo hacemos amparados y legitimados en los mandatos internacionales que han constituido tal labor de defensa no sólo como un derecho sino también como un deber de cualquier ciudadano.

Exigencias a las partes del conflicto

– A las FARC-EP y a las fuerzas estatales exigimos respeto y acatamiento de los principios básicos y demás normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente de aquellas que consagran la protección de la población civil, tales como el principio de distinción, respeto y reconocimiento de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional.

– Exigimos el cese inmediato del uso de minas y otros materiales antiexplosivos. Le recordamos a las fuerzas estatales y a la insurgencia de las FAR-EP que estas prácticas son ilegítimas.

-Al coronel Quintero y demás responsables de la Brigada XVII les recordamos la responsabilidad histórica de esta unidad militar con el respecto a los derechos humanos. Los invitamos a hacer un recorrido por los anales estadísticos a fin de que puedan corroborar la manera en que esta Brigada aparece vinculada –por acción y omisión- en el grueso de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los invitamos también que se abstengan de hacer señalamientos sobre los integrantes del Comité y demás defensores de derechos humanos y líderes sociales de la región, y a su vez, que activen los canales institucionales para la interlocución, y de esta manera se generen los espacios donde puedan expresar sus inconformidades y apreciaciones.

Exigencias a los operadores de justicia y organismos de protección

– A que activen las nuevas disposiciones en materia legal y de protección de los DDHH en las zonas de conflicto, según las cuales, las operaciones militares no pueden estar de espalda al control de los organismos judiciales, de protección y control público (Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación).

Llamamiento a la opinión pública nacional e internacional

A que mantengan su vigilancia y acompañamiento a la comunidad del Corregimiento de San José de Apartadó y a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Queremos decirles que su participación y veeduría no sólo es el límite para las continuadas violaciones, sino que han sido el punto de inflexión para que sea conocida la verdad sobre la atrocidad y vejámenes a que es sometida la población civil.

Comité para los Derechos Humanos de San José de Apartadó

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