Las cárceles abren sus puertas para dar salida a los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos

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convocamos a reflexionar conjuntamente sobre los diversos contextos a los que nos enfrentamos a partir de la salida de los paramilitares

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Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia2. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en graves violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

Han transcurrido 8 años de aplicación de la Ley y en agosto del presente año, se prevé que un grupo de postulados empiece a salir de las cárceles por cumplimiento del máximo de la pena alternativa prevista en la normativa;hombres de los bloques Catatumbo, Central Bolívar y Héroes de Granada, entre otros.En su informe referido a 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte que: “lo más probable es que casi todos los acusados sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados (párr.19)”.

Según lo disponen los artículos 31 y 34 del Decreto 3011 de 2013, estos hombres quedarían bajo una denominada “libertad a prueba”, lo que quiere decir que la libertad podría restringirse de nuevo por tres motivos: 1. Si se reincide en los crímenes; 2. Si se incumple injustificadamente alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la Ley para el goce del beneficio, y 3.Si se establece que el postulado no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció. A la fecha, no sólo no han culminado los procesos judiciales, sino que de los 4.237 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la ley 975 de 2005, solo 19 han sido condenados. De los aproximadamente 2.000 que efectivamente comparecieron a los procedimientos de la ley 975 de 2005, un número importante de ellos cumplirá en 2014, el tiempo máximo de reclusión (8 años) sin que se haya proferido la sentencia alternativa que establece la norma. Así, con el tiempo máximo de pena prevista cumplida, pero sin sancióny sin haber satisfecho los derechos de por lo menos 51.906 víctimas de las reconocidas en los procedimientos3, las cárceles abren sus puertas para dar salida a los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz sin que las víctimas hayan sido reconocidas en su totalidad, resarcidas por completo y protegidas de la retaliación de sus victimarios.

La información de la Fiscalía General de la Nación es concordante con estos datos, aunque más preocupante, según este ente investigador, el 15 de agosto de 2014 es el día previsto para la salida de la cárcel de más de 200 paramilitares, entre los cuales están 46 comandantes y mandos medios responsables de delitos como: homicidio, desaparición forzosa, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros.
En los medios de comunicación, la Fiscalía de Justicia y Paz ha hecho énfasis en que la salida de paramilitares no corresponde a una excarcelación masiva, explicando que los tribunales de Justicia y Paz han condicionado libertades hasta comprobarse que los desmovilizados cumplan con sus obligaciones en cuanto al esclarecimiento de la verdad, la entrega de bienes para la reparación a las víctimas y no haber delinquido después de su desmovilización. En dichas comunicaciones se establece que el número de desmovilizados que podrían salir de prisión por cumplir requisitos serían unos 160.4.

A pesar de la falta de certeza sobre el número de desmovilizados que se beneficiarían de la excarcelación, se nombra que, entre quienes saldrían a partir del 15 de agosto se encontrarían Ramón Isaza, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, su hijo Oliverio y sus lugartenientes Luis Eduardo Zuluaga y Walter Guisado Ochoa. También estaríanlos jefes paramilitares de Puerto Boyacá, Arnubio Triana y Gerardo Zuluaga; al igual queJesús Ignacio Roldán, mano derecha de Vicente Castaño. En libertad quedarían también los dos grandes jefes del Bloque Central Bolívar: el „político‟ Iván Roberto Duque y el jefe militar del bloque, Rodrigo Pérez Alzate. Jorge Iván Laverde, hombre de confianza de Salvatore Mancuso y quien es fuente de información sobre el involucramiento de los paramilitares con la institucionalidad de todo el departamento de Norte de Santander y Úber Márquez, segundo de Salvatore Mancuso. También quedarán en libertad dos mandos clave de Jorge 40: Óscar José Ospina, quien tiene investigaciones por violencia sexual cometida en El Copey, Cesar, y Édgar Fierro, así como Jairo Alfonso Samper Cantillo, otro miembro del Bloque Norte5.

Saldrán de la cárcel John Freddy Gallo y Luis Eduardo Cifuentes, ambos actuantes en Cundinamarca. El máximo integrante del Bloque Montes de María, Edwar Cobos. Por último, saldrá de prisión Manuel de Jesús Pirabán. En agosto también saldrá Fredy Rendón, jefe del frente Elmer Cárdenas quien ya anunció su llegada a Medellín con otros 42 hombres de 70 de su bloque que saldrán para la misma fecha, según lo ha anunciado la institucionalidad de la ciudad.

La MAPP-OEA ha aportadola siguiente información adicional: a) Saldrán dos comandantes paramilitares, Edgar Ignacio Fierro Flórezy Fredy Rendón Herrera; b) Es urgente que se conozcan en los territorios los planes de contingencia que tiene el gobierno nacional para asumir esta situación, si ellos existieran; c) Es fundamental que este tema se ubique en las agendas de emergencia de la sociedad civil y que se puedan vincular a las discusiones de lasMesas Interinstitucionales que están funcionando en Barranquilla y Medellín; d) La MAPP-OEA ha establecido como zonas de alerta roja aquellas en donde los paramilitares que salgan en libertad o se les suspenda la pena dicen que se van a establecer, entre ellas están el Valle de Aburrá(en especial el municipio de La Estrella, Magdalena Medio), los municipios de Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, La Dorada y Guaduas, así como la región de Urabá. En este mapa se han demarcado también como zonas de riesgo aquellos municipios a los que algunos paramilitares dicen no poder regresar porque allí hay “compañeros suyos delinquiendo”; entre ellos están varios municipios del bajo Cauca (Caucasia, Nechí y Zaragoza)

La salida de los paramilitares se desarrolla en un contexto en el que los derechos de las víctimas no han sido satisfechos, incluyendo la reparación integral y la dimensión de garantías de no repetición.Justicia y Paz colapsó, al punto que ni las víctimas acuden a las diligencias, cansadas de la desidia de la Fiscalía y la revictimización de que son objeto; las amenazas a sus organizaciones y representantes se mantienen; piedra angular del riesgo, los postulados no tienen problema alguno en reconocer la comisión de graves delitos, entre ellos masacres, pero guardan silencio frente a los acres de tierra de que se apropiaron a sangre y fuego; la actividad de mandos medios en varias regiones del país ha sido documentada por la MAPP-OEA así como la intervención de sindicados de paramilitarismo desde la cárcel en la política, economía y delincuencia local de varios municipios del país.

A este panorama se suman los altos niveles de impunidad en Colombia, la falta de aportes serios a la verdad que permitan develar los verdaderos instigadores y financiadores del modelo de control social impuesto por las estructuras paraestatales, los obstáculos procesales que se presentan en los procesos de Justicia y Paz y que se traducen en escasas sentencias, la debilidad en las garantías judiciales y las dificultades para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Tenemos especial preocupación por la seguridad de las víctimas en las regiones, por las mujeres que han asistido a los procesos de Justicia y Paz y que han actuado en versiones libres y audiencias de imputación de cargos, por el riesgo que pesa sobre operadores judiciales y representantes de las víctimas. No conocemos las políticas nacionales y locales tendientes a evitar su revictimización ni nuevas violaciones a los derechos humanos de familiares, organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos. La alta criminalidad en las áreas urbanas y rurales favorece un posible reordenamiento del paramilitarismo en las regiones, toda vez que no se cuenta con las condiciones que lleven a afirmar que no se repetirán las mismas prácticas.

Desde los principios del derecho penal y en estricto sentido legal, los postulados a la Ley de Justicia y Paz tienen derecho a salir de la cárcel ante el cumplimiento de la pena prevista (que en muchos casos podría haberse tasado en 6 años y no en 8 que es lo que van a completar quienes van a salir). Sin embargo, ello implicaría el cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, entre ellas el cese de toda actividad ilícita y la entrega de personas desaparecidas, obligaciones cuyo cumplimiento se encuentra en entredicho. Denominadas por algunos como bandas criminales, los paramilitares que controlan algunos territorios facilitan las condiciones para que se susciten nuevos hechos de violencia sistemática como los que padecieron y siguen padeciendo comunidades enteras en los momentos más álgidos del paramilitarismo en Colombia (1999-2002). Como reconoció el General Óscar Naranjo, el ex director de la Policía, a finales de 2011: “Aunque hemos tenido 13 mil capturas [de Bacrim] desde el 2006, no se ha logrado desarticular y desmantelar ese fenómeno”.

Queremos llamar la atención sobre la seguridad para las víctimas, los impactos en la vida de las mujeres que están exigiendo sus derechos, las garantías para las organizaciones que representamos a víctimas, la protección para defensores y defensoras de derechos humanos. Queremos interpelar a la institucionalidad responsable de la protección de la sociedad civil, sobre los planes y acciones previstas ante situaciones de riesgo inminente.

En este sentido, quisiéramos llamar la atención sobre la obligación que tiene el Estado de evitar generar nuevos riesgos y de actuar frente a los mismos. Ha de tenerse en cuenta que la obligación de prevención y su exigibilidad frente a la existencia de un riesgo, tiene en la jurisprudencia de la Corte Interamericana requisitos y estándares específicos que han de tenerse en cuenta a la hora de evitar incurrir en responsabilidad internacional por violación a los Derechos Humanos, en especial, a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos8. Por lo anterior convocamos a reflexionar conjuntamente sobre los diversos contextos a los que nos enfrentamos a partir de la salida de los paramilitares así como sobre los mecanismos políticos y legales que deben ponerse en pie para garantizar la seguridad de las víctimas, sus familiares y sus organizaciones, así como la de sus representantes y las organizaciones de derechos humanos vigilantes de que no haya impunidad.

Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho en el marco de este tema y sobre las cuales hemos adelantado una primera conversación con la institucionalidad responsable de las medidasque, como sociedad civil, nos permita adelantar procesos de difusión con víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos, pero a la vez hacer seguimiento a las políticas de protección y seguridad propuestas por las entidades responsables que proporcionen garantías de no repetición a la sociedad en general:

– ¿Qué desafíos se presentan en esta fase en el actual contexto colombiano?
– ¿Qué riesgos diferenciales representa la salida de los paramilitares para las mujeres víctimas que están exigiendo sus derechos en las audiencias públicas?
– ¿Qué tipo de seguimiento y acompañamiento se hará en esta fase de reincorporación de los jefes paramilitares y a los paramilitares rasos que salen de las cárceles?
– ¿Cuáles son los planes de contingencia con los que cuenta la institucionalidad para asumir los riesgos para las poblaciones, las mujeres y las organizaciones?
– ¿Qué medidas de protección están previstas para las víctimas, y para los y las representantes de víctimas y los defensores y las defensoras de derechos humanos?
– ¿Cuál va a ser el papel de la comunidad internacional en este tema?

Teniendo en cuenta las preguntas planteadas, que son producto de la preocupación por la seguridad de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos e institucionalidad responsable en los procesos, pero además recordando la obligación que tiene el Estado de evitar generar riesgos y de actuar frente a los mismos, recomendamos:

Identificar y dar seguimiento a los riesgos que pueda provocar la llegada a los territorios de los jefes paramilitares y los paramilitares rasos.

• Prestar especial atención al impacto que este nuevo contexto pueda tener sobre la vida de las mujeres víctimas y de los y las defensoras de derechos humanos.

• Dar a conocer y socializar, con carácter de urgencia, los planes de contingencia previstos por el gobierno nacional para hacer frente a la situación de inseguridad que pueda darse.

• Integrar este tema en las agendas de emergencia de la sociedad civil para que se puedan vincular a las discusiones de las Mesas Interinstitucionales que están funcionando en Barranquilla y Medellín.

• Investigar las estructuras políticas y económicas que dieron sustento al paramilitarismo para evitar que los desmovilizados puedan reorganizarse.

• Reforzar las garantías judiciales y adoptar medidas dirigidas a acabar con los obstáculos que, hasta la fecha, han lastrado los procesos judiciales.

• Ofrecer garantías de seguridad y acompañamiento, mantenidas en el tiempo, a las víctimas en las regiones, especialmente a las mujeres que han actuado en versiones libres y audiencias de imputación de cargos.

• Dar a conocer las políticas nacionales y locales tendientes a evitar la revictimización y/o nuevas violaciones a los derechos humanos de familiares, organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos.

• Informar sobre el papel y compromiso de la comunidad internacional en este nuevo contexto.

ORGANIZACIONES QUE FIRMAMOS Y PRESENTAMOS ESTE DOCUMENTO

Corporación Humana – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Fondo Lunaria Mujer
Fondo de Acción Urgente
Abogados Sin Fronteras – Canadá
Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad – MPDL
Corporación Jurídica Libertad
Comité de Solidaridad con Presos Políticos

Tomado de: http://www.oidhaco.org/?art=1939&lang=es

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